El sindicato de trabajadores mineros de Ghana advirtió que mantendrá su oposición a una política del gobierno que exige a compañías internacionales contratar firmas locales para ejecutar actividades mineras, pese a que varias grandes empresas ya han cumplido con la regulación introducida el año pasado.

El presidente del sindicato, Abdul Moomin Gbana, dijo a Reuters que los contratistas locales pagan menores remuneraciones y ofrecen menos seguridad laboral que las firmas extranjeras, por lo que la legislación afectaría a los trabajadores mineros.

La organización, que representa a cerca de 14.000 trabajadores, afirmó que ejercerá una “fuerte resistencia” frente a la política, incluida la posibilidad de huelgas y protestas.

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Ghana, principal productor de oro de África, instruyó a empresas como Newmont, Zijin y AngloGold Ashanti a trasladar completamente a contratistas locales las actividades de tronadura, carguío, transporte y descarga antes de diciembre de 2026, o enfrentar sanciones, como parte de reformas destinadas a aumentar la participación local.

Las reglas introducidas en enero de 2025 establecen que la minería de superficie debe ser realizada por firmas íntegramente de propiedad ghanesa, mientras que la minería subterránea debe quedar en manos de compañías con al menos 50% de propiedad local.

Ejecutivos mineros han criticado la política, calificándola como contraria a los negocios e ilegal, al sostener que entra en conflicto con la legislación minera de Ghana, que permite a los titulares de concesiones definir la forma en que se desarrollan las operaciones.

Preocupación por salarios y beneficios laborales

Gbana recordó que entre 2017 y 2018 los trabajadores mineros de Ghana no lograron detener el cambio voluntario de Gold Fields desde minería operada por la propia compañía hacia minería por contrato local, incluso mediante una acción judicial. Según el dirigente, ese proceso abrió la puerta para que otras empresas avanzaran en la misma dirección.

El sindicato sostuvo que no fue consultado sobre la regulación vigente y acusó a las autoridades de marginar las preocupaciones laborales. “La creciente dependencia de la minería por contrato está revirtiendo protecciones laborales ganadas con esfuerzo”, dijo Gbana, al agregar que los cambios tendrían un “enorme impacto en los trabajadores”.

La organización presentó una petición ante el regulador minero y el Ministerio de Tierras, de acuerdo con una carta vista por Reuters. “Cualquier intento de proceder con esta política en su forma actual será recibido con una resistencia fuerte, coordinada y sostenida”, señaló la comunicación.

Gbana afirmó que los contratistas locales suelen pagar salarios más bajos y entregar menor estabilidad laboral, mientras algunos trabajadores ya han planteado inquietudes por deducciones legales no pagadas, incluidas pensiones y fondos de previsión.

Un trabajador de un contratista local dijo a Reuters que los empleados de contratistas suelen recibir alrededor de 50% menos en sueldo base que los trabajadores contratados directamente por los operadores mineros.

El dirigente agregó que, aun cuando se mantuvieran los niveles de dotación, los salarios y beneficios caerían, erosionando avances conseguidos durante años de negociación colectiva.

Contratistas y respuesta del regulador

Gbana señaló que algunos contratistas locales establecidos, entre ellos E&P, Rabotec, BCM, Electrochem y Rocksure, no han cumplido las expectativas de los trabajadores.

La jefa de recursos humanos de Rocksure, Nina Lamptey, sostuvo que la compañía está al día en el pago de salarios, pensiones y obligaciones legales al Estado, y añadió que la empresa paga estrictamente conforme a los términos de sus contratos. E&P, Rabotec, BCM y Electrochem no respondieron de inmediato a solicitudes de comentario.

La Comisión de Minerales de Ghana indicó que prevé reforzar la supervisión de los contratistas para evitar prácticas de subcotización que presionen a la baja los salarios y los estándares operacionales.

Su director ejecutivo, Isaac Tandoh, afirmó que las mineras suelen reducir las tarifas a los contratistas locales, citando casos en que los costos mineros bajaron desde US$3 por tonelada a menos de US$2,50, lo que termina perjudicando a los trabajadores.

Tandoh sostuvo que la agencia gubernamental utilizará regulaciones para establecer referencias de precios más claras y apoyar a las firmas locales mediante orientación y empresas conjuntas. También señaló que los sindicatos tienen razón al defender el bienestar de los trabajadores.