Royalty minero: $113 mil millones se distribuyen a 308 comunas y marcan fuerte alza anual

El royalty minero volvió a posicionarse como un pilar clave del financiamiento municipal en Chile tras la transferencia de $113.268 millones realizada por la Tesorería General de la República (TGR) a 308 comunas del país. El monto corresponde a las dos primeras cuotas de 2026 del Fondo de Equidad Territorial (FET) y del Fondo de Comunas Mineras (FCMI), instrumentos diseñados para redistribuir parte de la renta generada por la actividad minera hacia territorios con menor desarrollo relativo o directamente impactados por la industria. La cifra no solo evidencia la consolidación del mecanismo, sino que además marca un salto significativo respecto de abril de 2025, con un incremento de $86.908 millones, reforzando el rol del sector minero en el fortalecimiento de las finanzas locales y en la reducción de brechas territoriales.

Distribución territorial y comunas con mayores recursos

El alcance de estas transferencias abarca a 308 comunas, reflejando el carácter amplio del sistema de redistribución. Entre las comunas con mayores montos asignados destacan Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó, La Pintana y Huasco, consolidando una combinación entre zonas altamente pobladas y territorios con fuerte presencia minera.

En el caso del Fondo de Comunas Mineras, el impacto se focaliza en 89 comunas, donde sobresalen Calama, Copiapó, Rancagua, Huasco y Tierra Amarilla. Este instrumento busca compensar externalidades propias de la actividad extractiva, canalizando recursos hacia territorios que enfrentan mayores exigencias en infraestructura, servicios y gestión ambiental.

Liderazgo regional en la asignación de recursos

A nivel regional, la Región Metropolitana concentró el mayor volumen de transferencias con $18.679 millones, seguida por Valparaíso, O’Higgins, Coquimbo y Biobío. Este patrón responde tanto a criterios de población como a indicadores de vulnerabilidad y necesidades de financiamiento local.

También destacan regiones con fuerte presencia minera como Atacama y Antofagasta, aunque en estos casos los recursos se distribuyen considerando tanto el impacto directo de la minería como variables de equidad territorial. El total nacional transferido en abril consolida así un esquema que equilibra criterios productivos y sociales.

Informe de Financiamiento Comunal y peso del sistema

Junto con las transferencias, la TGR publicó una nueva edición del Informe de Financiamiento Comunal, documento que detalla el flujo de recursos hacia los 345 municipios del país durante 2025. En ese período, las transferencias alcanzaron $2.932.726 millones, distribuidos principalmente a través del Fondo Común Municipal (FCM), además del FET y el FCMI.

Dentro de este esquema, el FCM continúa siendo el principal mecanismo de redistribución, con más de $2,7 billones asignados el año pasado, mientras que los fondos vinculados al royalty minero avanzan en su consolidación como complemento relevante.

Marco legal y consolidación del royalty

El fortalecimiento de estos instrumentos responde a la implementación de la Ley 21.591, normativa que estableció un nuevo esquema de tributación para la gran minería del cobre. Promulgada en agosto de 2023, la ley permitió iniciar transferencias preliminares en 2024 y consolidar su operación desde 2025.

El modelo contempla mecanismos específicos para redistribuir recursos hacia comunas mineras y territorios con menores ingresos, bajo lineamientos definidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). Según la TGR, este sistema busca asegurar una asignación más equitativa de la renta minera, fortaleciendo las capacidades de gestión local.

Contribuciones y sostenibilidad fiscal municipal

Pese al avance del royalty, el financiamiento municipal en Chile sigue dependiendo en gran medida del Impuesto Territorial, principal fuente del Fondo Común Municipal. En 2025, la recaudación por contribuciones alcanzó $2.614.806 millones, con un crecimiento nominal de 3,4%, aunque con una leve caída real de 0,7%.

Este escenario refleja que, si bien el royalty minero gana protagonismo, aún opera como un complemento dentro de una estructura más amplia de financiamiento. Su consolidación futura dependerá tanto del ciclo de precios del cobre como de la evolución de la producción minera en el país, factores que seguirán marcando el ritmo de las transferencias hacia las comunas.